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Document firmat pels professors de l’ IES Rosario de Acuña

20 Mai 2012

Es un document llarg pero val la pena llegir-lo

El plan establecido por los nuevos presupuestos del Estado para Educación es un ataque al sistema público de educación y por ende, es un ataque deliberado contra toda la sociedad española. No solamente se trata de reducir gastos educativos en general: la cuestión es cómo se han planificado estos recortes, que es lo verdaderamente preocupante.

Aprovechando la coyuntura internacional creada por la elite política de los países europeos que firmaron el desatinado Tratado de Lisboa, se pretende convencer a la población de que es necesario hacer un sacrificio que consiste en destruir la calidad del sistema público de Educación, y de las instituciones del Estado, sin que nadie entienda por qué es necesario que los recortes tengan exactamente este perfil político: ¿por qué, me pregunto, no se hacen los recortes fuertes en Defensa, o eliminando el Senado, o eliminando los privilegios de la clase política, los puestos de libre designación, o la casa real? En cuestión de recortes, todos tenemos en mente muchas cosas que verdaderamente sobran en este país.

La contradicción entre la aspiración a la calidad educativa y los planes para recortar gastos en educación es insostenible. ¿Alguien cree que merece la pena el miserable ahorro económico que puede traer consigo dejar en la calle, en Asturias por ejemplo, a 2000 enseñantes? Este ahorro ¿no es un despilfarro social y productivo, irracional y antieconómico? Lo que vendemos ahora barato, ¿no lo pagará muy caro la sociedad española más adelante cuando ya no haya remedio? ¿No resulta sobrecogedor ver en las reuniones de los accionistas de los bancos españoles, los rostros llenos de satisfacción por los pingües dividendos alcanzados? ¿Acaso no tienen otro lugar de donde sacar el dinero? ¿Cuánto necesitan para estar saciados? ¿Les gusta más el dinero que procede de la Educación y la Sanidad públicas? ¿A qué sabe el dinero público?

Desde luego, algo ha hecho mal la escuela si ha dado el aprobado a alguno de los ladrones que están llenando sus bolsillos a costa del bien público y del bienestar de la gente trabajadora. Y, a pesar de todo, seguirá estando en la escuela pública el mejor equipo de docentes que una familia quiere buscar para sus hijos. Pero aquí también se cierra el camino. Hace años que llevamos oyendo el runrún de que los funcionarios no se merecen “ni el agua que beben”, a pesar de que son lo mínimo necesario para garantizar un Estado de derecho moderno. Frente a un Estado regulado e institucional que no se doblega a la prebenda y el enchufe, los políticos surgidos de la democracia española han dado pruebas de una disposición insana al nepotismo y la corrupción (resulta francamente repugnante ver cómo políticos importantes, cuando acaban sus tiempos de gobierno, se convierten en directivos de empresas y multinacionales, tal vez empresas públicas privatizadas, como si tal cosa). Es evidente que entre la casta de los políticos y el cuerpo de los funcionarios públicos en España se está viviendo un enfrentamiento corporativo, un enfrentamiento que representa, seguramente, el conflicto entre la idea del bien común frente al interés particular, la resistencia de lo que se considera derechos adquiridos frente a quien contempla los servicios como un mero negocio.

La escuela tiene como fin contribuir a sintonizar, en cada época, los fines personales con los planes generales de la sociedad. Pero cuando una sociedad, una época, renuncia a la escuela pública, es evidente que esa sociedad no tiene ninguna aspiración moral. Los recortes, ya experimentados en Madrid por un gobierno irresponsable y resentido, llegan ahora a toda España con el objetivo de reconvertir todas las instalaciones públicas en propiedad privada, y que la educación pase a ser, por fin, junto con la sanidad y demás servicios, un mero negocio. Esa es la religión del FMI. Así pues, los políticos están ejerciendo su poder de modo ilegítimo e ilegal, usurpando a la sociedad lo que ésta les ha dado en custodia, para beneficiarse con ello y repartirse el botín.

¿Para qué se recorta? Si se trata de racionalizar el gasto para mejorar los servicios, de acuerdo. Pero no. Se recorta para pagar deudas adquiridas porque ahora los Estados, en virtud del Tratado de Lisboa, no pueden disponer del Banco Central Europeo para financiar su deuda, porque, según el artículo 123 de dicho Tratado, es obligado que los Estados se financien a través de bancos privados, mientras éstos sí pueden financiarse en condiciones ventajosas en el Banco Central Europeo. Primero, los Estados pierden su soberanía económica al no poder financiar su deuda con el banco emisor de moneda. Después, se les obliga a negociar la deuda con bancos que aumentan sus beneficios a base de subir los intereses de la deuda a los Estados. Y, finalmente, se nos dice que sólo destruyendo la sanidad y la educación, y el Estado, es posible racionalizar la economía y mejorar la eficiencia. Luego estos recortes sólo sirven para mejorar las ganancias de la banca y favorecer la acumulación de capital, deteriorar los Estados y dejarlos más débiles frente a los ataques del capital. Esa debilidad se traduce inmediatamente en una pérdida de libertad de los ciudadanos porque sus Estados son ahora rehenes de las multinacionales, bancos y otros países con más poder económico.

El estado es un entramado institucional que da forma a la sociedad española. Sin él no existiría ninguna empresa privada ni pública. Las empresas en España se organizan de tal manera que el Estado financia, patrocina, regula y ampara cualquier iniciativa particular y privada. Esa idea de que las empresas privadas salvarán la sociedad española es otra falacia ideológica. Al contrario: todo el entramado de empresas pequeñas y medianas funciona gracias a que el Estado que todos contribuimos a construir con nuestros impuestos y nuestro trabajo, está regulando, estructurando, amparando y financiando esas iniciativas particulares. El Estado ofrece los servicios y las infraestructuras necesarias para que prosperen esos negocios, desde las redes de alcantarillado hasta las leyes que regulan la competencia -dejémonos ya de mentiras y requiebros. A su vez, para hacer frente a los nuevos retos productivos, el Estado ha promocionado cuerpos de profesionales altamente capacitados, gracias a las instituciones educativas, cuya eficiencia pasa a ser capital para las empresas.

Sin embargo, el discurso se ha invertido y, ahora, nada de lo que hemos construido con el esfuerzo de todos vale un ardite. La falacia que se nos vende es que el Estado y todo lo que representa es una rémora para el progreso y el desarrollo, mientras las empresas privadas, se supone, serán las salvadoras de la Patria. Cuando lo cierto es todo lo contrario: es precisamente lo público, la propiedad colectiva de los medios de producción, la que ha promocionado los cambios estructurales, sociales, técnicos y productivos que han dado como resultado la sociedad en la que vivimos. En esta nueva sociedad nuestra el problema ya no es la escasez –no se regula para mejorar la eficiencia-, en nuestra sociedad el problema son los depredadores, y eso no requiere recortes, sino una reforma moral que depende, en gran medida, de un sistema público de educación sólido y estable.

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